El lunes, American Oversight y el bufete de abogados Ballard Spahr presentó una demanda contra el Gob. de Virginia Glenn Youngkin para que se entreguen los documentos relacionados con la línea de denuncias  de conceptos inherentemente divisivos. La demanda busca sacar a la luz documentos que podrían revelar cómo Youngkin y su personal usaron la línea de denuncias y qué hicieron los funcionarios como respuesta a las denuncias hechas, si es que hicieron algo. 

En enero de 2022, Youngkin emitió una orden ejecutiva que prohíbe que se enseñen “conceptos inherentemente divisivos,” incluyendo la teoría crítica de la raza. La orden ejecutiva no definía la teoría crítica de la raza o CRT (por sus siglas en inglés), que es un marco académico que no se enseña formalmente en ninguna escuela de Kínder a 12 grado en Virginia. Después ese mes, Youngkin anunció que lanzaría una línea de denuncias por email ([email protected]) para que los padres denunciaran a cualquier funcionario de la escuela que enseñase temas prohibidos. 

Aunque la línea de denuncias aparentemente ha estado funcionando desde enero, poco se sabe acerca de cómo maneja las denuncias el personal de Youngkin. En abril, el Washington Post y una docena de otros servicios de prensa demandaron a la oficina de Youngkin para que divulgara lo que se había enviado a la línea de denuncias. Youngkin se había negado a sus peticiones, afirmando que los documentos relacionados con la orden ejecutiva deben ser retenidos bajo exenciones existentes que protegen los documentos y correspondencia de trabajo.”  

La Directora Ejecutiva de American Oversight Heather Sawyer presentó varias peticiones de documentos públicos que son comunicaciones por email enviadas por [email protected], emails enviados por el personal de Youngkin en respuesta a la línea de denuncias, protocolos o procedimientos para manejar los emails enviados a la línea de denuncias, documentos que identificaría el número de denuncias enviadas a la línea de denuncias y mensajes electrónicos enviados a entidades fuera de la oficina de Youngkin –– incluyendo el Departamento de Educación de Virginia –– relacionados con la línea de denuncias. 

“Desde el comienzo, esta línea de denuncias ha sido criticada como un ardid político que pone en riesgo a los maestros y a la educación pública.  Lo secreto empeora las cosas,” dijo Sawyer. “La administración de Youngkin por un lado defiende públicamente la línea de denuncias y por otro se rehúsa a divulgar los documentos que le permitiría al público tomar sus propias decisiones. ¿Cuál es el verdadero propósito de la línea de denuncias? y ¿cómo ha actuado la administración en cuanto a estas denuncias? ¿Qué hay en este programa que no quieren que el público vea? 

La oficina de Youngkin se rehusó a entregar muchos de los documentos que solicitó Sawyer, arguyendo –– de forma poco convincente –– que algunos de los documentos solicitados no existen y que otros están exentos por ser “documentos y correspondencia de trabajo,” y esto condujo a la demanda judicial a nombre de Sawyer por American Oversight y Ballard Spahr en el Tribunal de Circuito del Condado de Arlington.

Más información sobre la investigación de American Oversight en torno a la línea de denuncias de Youngkin se encuentra disponible aquí. 

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