La oficina del Gob. Ron DeSantis se reunió en reiteradas ocasiones con un grupo de derecha cuyo co-fundador promovió una teoría de conspiración islamofóbica sobre una trabajadora electoral de acuerdo a documentos obtenidos por American Oversight y tal como lo reportó CNN.

Los registros de varias de esas reuniones sustentan las declaraciones hechas hace unos meses por uno de los fundadores del grupo, que estaba en estrecho contacto con DeSantis y con el ex Secretario de Estado Laurel Lee. También, como lo reportó CNN, vienen en medio de nuevas revelaciones acerca del nivel de acceso que han ganado los “que niegan el  resultado electoral y los que han alentado sus conspiraciones en los mas altos niveles del gobierno de DeSantis.”   

El 16 de dic., 2021, y el 3 de enero, 2022, la oficina de DeSantis se reunió con miembros de Defend Florida, un grupo de conspiración electoral que presionó para que se realizará una “auditoría” electoral al estilo de Arizona en el Estado del Sol después del voto de 2020. El grupo también se reunió con la ex Secretaria de Estado Laurel Lee el 2 de febrero, según un email en el cual los cofundadores de Defend Florida, Caroline Wetherington y Raj Doraisamy expresaron preocupación acerca de los datos de registración de votantes. Ese email también se copió a Jovan Pulitzer, un conspiracionista de la elección que participó en la farsa de la “auditoría” electoral en el Senado de Arizona.

American Oversight también obtuvo un email del 18 de dic. en el cual Wetherington enviaba a la directora de asuntos legislativos de DeSantis, Stephanie Kopelousos, una extensa compilación de extrañas teorías de conspiración acerca del supuesto fraude electoral en el Condado de Seminole. El informe de Defend Florida señalaba que la conspiración incluía ataques contra una trabajadora electoral que llevaba un hiyab, describiéndole como una “empedernida defensora de las causas islámicas” que previamente había “trabajado en el medio oriente” y acusándole de alterar y desechar boletas de votación.

En su email, Wetherington dijo que Defend Florida no había compilado los datos, sino que los “ciudadanos en el condado de Seminole los habían recopilado.” Los documentos no incluyen ninguna respuesta de la oficina del gobernador, pero la reunión del 3 de enero se llevó a cabo dos semanas después.

Los documentos son especialmente preocupantes considerando la creciente ola de amenazas y acoso contra los trabajadores electorales por parte de los activistas de derecha. Tal como lo reportó CNN, “Funcionarios electorales locales de ambos partidos dicen que les aflige que DeSantis y otros en su administración continúen prestando oídos a los activistas que han estado atosigando sus oficinas estos últimos dos años con acusaciones infundadas de actividad ilícita y que se han esforzado por socavar la confianza en sus operaciones.”  

 Los documentos también contienen un email de miembros de Defend Florida donde le agradecen al gobernador por haber aprobado la ley SB 524, que establecía la Oficina de Delitos Electorales y de Seguridad, una fuerza policial encargada de combatir el fraude electoral. La ley también contenía otras medidas represivas de supresión electoral incluyendo restricciones más estrictas a la identificación electoral para el voto por correspondencia y penas a terceros que recogen y entregan votos para otros votantes en ausencia. “Ha sido un placer trabajar con ustedes y la Oficina del Gobernador en la Integridad Electoral en estos últimos meses”, afirmaba el mensaje. “Estamos tan agradecidos por la aprobación de SB 524. Muchos de nuestros miembros invirtieron cientos de horas de trabajo voluntario con el fin de proporcionar datos que evidencian la necesidad de esta legislación.”

Después de que DeSantis aprobó el proyecto de ley, los miembros de Defend Florida  celebraron con el promotor de la gran mentira Patrick Byrne, en esa oportunidad Doraisamy también agradeció al director ejecutivo de MyPillow quien también niega el resultado electoral, Mike Lindell, un aliado declarado del ex Presidente Trump. En agosto, DeSantis anunció que 20 personas ya habían sido acusadas de fraude electoral por la recién creada oficina. Muchas de las personas acusadas no habían recibido notificación de parte del estado anunciándoles que se les prohibía votar, lo que intercesores de los derechos electorales atribuyen a un sistema confuso que dificulta determinar la elegibilidad de los que anteriormente habían sido condenados con un delito mayor.

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