El asesinato de George Floyd el 25 de mayo de 2020 por la policía de Minneapolis recomenzó el movimiento nacional para justicia racial y reforma policial, y chispeó protestas en ciudades a través del país. Mientras los estadounidenses se levantaban para exigir un cambio, cuerpos policiales a niveles federales y locales respondieron con tácticas aumentadas y retórica peligrosa.  

En varias ciudades, la policía desplegó gas lacrimógeno, disparó balas de goma, y usó tácticas como arrestos masivos y “kettling” — en que los policías empujan a las personas a espacios apretados — que son particularmente peligrosos durante de una pandemia. Otros informes suscitaron preocupaciones de la Primera Enmienda sobre el uso de vigilancia encubierto y la recopilación de información sobre los manifestantes, incluyeron el uso de drones del estilo militar por encima de las protestas para proporcionar video a los cuerpos policiales.  

La participación de los oficiales federales y miembros de la Guardia Nacional en la respuesta a las protestas fue especialmente notable en el capitolio de la nación, donde miles fueron desplegados en un esfuerzo del Fiscal General William Barr para “inundar la zona” y poner fin a las protestas. Muchos no llevaban insignias o distintivos de identificación y se negaban a decirles a los que protestaban cuál agencia estaban representando. Helicópteros de vuelo bajo sobrevolaron cerca de los manifestantes en un aparente intento de dispersar a las multitudes. 

La respuesta agresiva del gobierno federal escaló a un nuevo y aterrador nivel en julio cuando los policías en vehículos sin identificación condujeron por el centro de Portland, Ore., y detuvieron a los manifestantes sin explicar los motivos de los arrestos ni quienes eran. La retórica incendiaria de ex secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf sobre las “turbas violentas” de anarquistas formó la justificación de los alarmantes abusos del poder federal, mientras los líderes locales y estatales exigieron que las fuerzas federales se fueran. 

American Oversight presentó varias solicitudes de registros públicos para descubrir lo que estaba sucediendo bajo cuerda de las tácticas peligrosas de los cuerpos policiales y la respuesta agresiva del gobierno federal.  

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