A pesar de un fallo de la corte federal que es inconstitucional prohibir a personas con condenas por delitos anteriores a votar si no pueden pagar sus tasas legales, la mayoría de los floridianos anteriormente encarcelados no pueden votar hoy.

En 2018, casi dos tercios de los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 4, una medida para restaurar el derecho al voto a más de un millón de floridianos que hayan cumplido con sus condenas. En respuesta, legisladores estatales propusieron SB 7066, una ley requiriendo que los ex-convictos paguen todas sus obligaciones financieras antes de que pueden votar, incluyendo multas de la corte, tasas, y restitución. Desde que se firmó la ley en 2019, las medidas opuestas han sido sujetas a una constante batalla legal. 

En febrero 2020, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 11 Circuito emitó que los 17 demandantes anteriormente encarcelados no podían ser negados de su derecho al voto como castigo por “genuinamente la incapacidad de pagar tasas, multas, y restitución por cuenta de su indigencia.” Pero la corte no derogó los requisitos de SB 7066, y el fallo sólo aplicó a los demandantes específicos. Tres meses después, en mayo, un juez federal emitió una resolución que SB 7066 discriminó a las personas que habían sido condenadas por delitos graves, muchas de las cuales son indigentes, al imponer un sistema ilegal de “pago por voto.” 

A pesar de esa resolución, en septiembre 2020, solo dos meses antes de las elecciones de 2020, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 11 Circuito anuló la decisión, bloqueando el fallo del juez federal, diciendo que SB 7066 es constitucional — si exconvictos quieren votar, necesitan pagar. 

Pero la capacidad de Florida para confirmar si es que y cuanto estos votantes todavía deben sigue siendo una preocupación seria. La investigación de American Oversight sobre la implementación de la Enmienda 4 y la ley opuesta, SB 7066, han revelado que las agencias estatales no están listas para seguir el estatus individual de 1.4 millón de ciudadanos anteriormente encarcelados quien esperan ser concedidos el derecho al voto. Y a pesar de las aserciones anteriores del Departamento de Estado de Florida que dice estar desarrollando una base de datos centralizada, documentos que obtuvimos, que fueron parte del reportaje de FloridaPolitics.com, demuestran que errores humanos como dedazos y nombres mal escritos, errores tipográficos, siguen siendo un desafío, al igual que las directivas a veces confusas del estado.

Un acuerdo interagencial entre el Departamento de Correcciones de Florida y el Departamento de Estado, que fue firmado en 2016 y que obtuvimos en respuesta a una solicitud de registros públicos, dice, “Documentos relacionados con delincuentes con delitos menores, delincuentes bajo supervisión, y delincuentes sentenciados antes de 1998, deben ser obtenidos del apropiado secretario del juzgado.” 

Pero, en enero 2019, secretarios judiciales en el condado de Leon fueron instruidos de otra manera. Un borrador de una advertencia compartida por la directora de cortes criminales del Secretario del Condado de la Corte de Circuito y Contralor del contado de Leon avisó a empleados, “Por costos y multas de la corte en casos con una fecha de sentencia antes del primero de enero, 1998, uno tendrá que contactar al Departamento de Correcciones de Florida por cualquier saldo adeudado, incluyendo cualquier restitución ordenada por el tribunal.” Estas directivas en conflicto con sí mismas que se circulan a través de diferentes agencias parecen confusas desde el exterior.

En junio 2019, con el pasaje de SB 7066 en el horizonte, funcionarios de elecciones en el condado de Leon fueron en busca de clarificación. Un empleado de la oficina del Encargado de Elecciones del condado de Leon contactó a la División de Elecciones de Florida y preguntó por información sobre “cómo avanzará el estado con respecto a proporcionar solicitudes actualizadas de registro de votantes” con el pasaje de SB 7066, que se convirtió en ley el próximo mes.

La dirección por parte de la División de Elecciones – que instruye a los secretarios cómo pueden determinar si una persona está aún encarcelada o bajo la supervisión del estado por un delito grave – parece haber dejado a los funcionarios del condado Leon con más preguntas que respuestas. Una semana después, el encargado de elecciones, Mark Earley, mandó un correo electrónico a la División de Elecciones, diciendo, “Solo quería darte un aviso que… sin detalles más específicos, es muy difícil decir con claridad cuál es el estatus de estos individuos en relación a sus delitos graves.” 

Los funcionarios de elecciones en el condado de Leon no estaban solos en su confusión. En preparación para la implementación de SB 7066, secretarios judiciales a través del estado estaban ejecutando pruebas con 10 casos de muestra para comparar los registros de los secretarios con la información del Departamento de Correcciones. Carolyn Timmann del condado de Martin comentó, “Bueno, esta primera lista corta de mi condado ya está identificando algunos desafíos.” [FL-MARTIN-19-1405-A-104] Problemas como múltiples crímenes graves, registros que fueron escaneados y subidos en bulto en vez de individualmente, números de casos perdidos, y nombres mal escritos hicieron difícil encontrar casos individuales, mucho menos monitorizar el estatus de elegibilidad para votar de un individuo. 

Secretarios de corte en el condado de Hillsborough encontraron que en 4 de 5 casos de muestras, problemas como listas incompletas de tarifas, direcciones viejas, y errores de computadora hicieron imposible poder monitorizar adecuadamente un estatus individual. A pesar de los esfuerzos de secretarios judiciales y funcionarios de elecciones a través del estado, los documentos que obtuvimos sugieren que seguir el estatus de elegibilidad para votar de una persona anteriormente encarcelada fue mucho más desafiante de lo que el estado había esperado.

Para manejar algunos de los desafíos esperados en la implementación de la Enmienda 4, la legislatura formó el Grupo de Trabajo para la Restauración de los Derechos de Voto (RVRTF por sus siglas en inglés). Los miembros tuvieron la tarea de revisar el proceso de verificación del registro de votantes y enviar un informe sobre sus conclusiones. El gobernador DeSantis empezó a apuntar a funcionarios al panel en agosto 2019. La solicitud de American Oversight sobre el Grupo de Trabajo produjo correos electrónicos de agosto y septiembre 2019 relacionados al análisis de los secretarios judiciales del condado de Hernando. Las conversaciones discuten las partes memorables de los 38 condados que completaron revisiones similares. De 38, 28 condados reportaron algunos problemas, como nombres mal escritos, inconsistencias en la información de contacto y cifras ausentes.

Casi dos años después de la Enmienda 4, el estado falló en mantener un registro de cuántos ex convictos se han registrado para votar, o cuántos deben multas que los descalifican para votar. Aunque las elecciones de 2020 han pasado, seguimos investigando los obstáculos que los votantes enfrentan en su esfuerzo para asegurar que se escuchan sus voces. 

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