Líderes de Texas, Arizona y otros estados han desplegado recursos militares y policiales para tratar de contrarrestar la inmigración no autorizada en la frontera, esfuerzos que son muy controvertidos y potencialmente inconstitucionales. American Oversight está investigando los orígenes y ejecución de estas acciones anti-inmigratorias, que canalizan millones de dólares de los contribuyentes a un estado inflado de vigilancia cerca de la frontera de EE.UU. y México.

A principios de 2021, los gobernadores de Texas y Arizona afirmaron que se necesitaba una movilización policiaca masiva para enfrentar la “crisis” en la frontera. No había habido un aumento en el número de migrantes que cruzaban la frontera, pero el número de arrestos o detenciones temporales se habían elevado ya que los inmigrantes habían realizado numerosos intentos de cruzar la frontera después de haber sido expulsados bajo el Título 42, una restricción de la era de Trump disfrazada de medida de salud pública.

OPERACIÓN LONE STAR Y LA FUERZA DE CHOQUE EN LA FRONTERA DE ARIZONA

En marzo 2021, el Gobernador de Texas, Greg Abbott lanzó la Operación Lone Star, una costosa operación de seguridad fronteriza que su oficina dijo que era para combatir delitos tales como tráfico humano y de drogas.  La operación hizo eco de dos décadas de iniciativas similares llevadas a cabo por Abbott y el exgobernador Rick Perry. Al comienzo del esfuerzo, Abbott desplegó 500 miembros de la Guardia Nacional de Texas y 1,000 policías estatales a la frontera de EE.UU. y México.

Para abril del siguiente año, la iniciativa había enviado más de 10,000 tropas de la Guardia Nacional de Texas y oficiales de policía del estado a la frontera en el transcurso de la operación. Surgieron informes de que la operación había sido mal manejada y que se había apropiado de dinero de otras agencias gubernamentales. Las tropas criticaron la operación en la prensa, y reportaron problemas con los cheques de pago de salarios, escasez de equipo y poca actividad. 

Al mismo tiempo, la oficina de Abbott exageró las estadísticas acerca del éxito de la operación. Una investigación de ProPublica descubrió que a pesar de alardear por numerosos arrestos y casos referidos a las autoridades migratorias, la Operación Lone Star contaba en sus cálculos arrestos y decomisos de drogas que habían ocurrido a cientos de millas de la frontera y que no guardaban relación con el propósito manifestado de combatir los delitos fronterizos. Además, la mayoría de los migrantes arrestados en la operación fueron acusados de delitos menores de invasión de propiedad privada.

La Operación Lone Star también ha sido criticada por expertos legales y defensores de los derechos migratorios por ir dirigida a inmigrantes basándose en su raza, estatus migratorio, y origen; por violar sus garantías procesales y el derecho a representación legal; y por usurpar la autoridad constitucional del gobierno federal para hacer cumplir la ley migratoria. En enero de 2022, un juez de condado dictaminó que el arresto de un migrante bajo esta operación era inconstitucional, y dictaminó que era un “intento inadmisible de interferir en la política migratoria federal” ya que violaba la cláusula de supremacía de la Constitución. La operación también está siendo investigada por el Departamento de Justicia por presuntas violaciones de derechos civiles, según correos electrónicos obtenidos por ProPublica y el Texas Tribune.

Mientras tanto, en Arizona, el Gobernador Doug Ducey declaró estado de emergencia en seis condados en abril de 2021 y envió a más de 150 miembros de la Guardia Nacional a la frontera. Ducey había iniciado esfuerzos similares de hacer cumplir la ley en la frontera en el pasado: En 2015, él desplegó la Fuerza de Choque en la Frontera de Arizona, una operación de cumplimiento de la ley con el declarado propósito de combatir delitos como tráfico de drogas. A pesar de ser una iniciativa específica de cumplimiento de normas fronterizas, como la Operación Lone Star, la iniciativa a menudo cita datos de confiscación de pequeñas cantidades de drogas lejos de la frontera con México como parte de su éxito. 

APOYO DE OTROS ESTADOS

Ambos gobernadores buscaban el apoyo de los líderes conservadores en otros estados. Aproximadamente tres meses después del inicio de la Operación Lone Star, la oficina de Abbott emitió una declaración de desastre para 34 condados en Texas cercanos a la frontera y se unió a la oficina de Ducey al invocar el Pacto de Asistencia para el Manejo de Emergencias, un acuerdo que permite que los estados compartan recursos durante desastres y emergencias. Abbott y Ducey pidieron a otros estados, incluso a aquéllos que se encuentran lejos de la frontera, que se comprometieran con recursos: Arkansas y Dakota del Sur desplegaron tropas de la Guardia Nacional a Texas; Iowa, Ohio, Nebraska y Florida enviaron oficiales de la policía. Y en abril de 2022, Ducey amplió los esfuerzos para incluir 25 estados más, todos liderados por gobernadores republicanos, que compartían información de inteligencia y delitos como parte de la Fuerza de Choque en la Frontera de los Gobernadores Norteamericanos. 

American Oversight presentó múltiples solicitudes para tener acceso a los registros públicos en varios estados en busca de comunicaciones relacionadas, información acerca de los costos y análisis de las decisiones de desplegar tropas y fuerzas policiales. A la luz de los informes públicos sobre la insatisfacción de los soldados desplegados, también presentamos una solicitud de FOIA en febrero de 2022 a la Guardia Nacional de Texas buscando registros de quejas y disentimiento de las tropas.   

En septiembre de 2021, obtuvimos registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas que indican costos semanales para la Operación Estrella Solitaria de más de $ 2.4 millones. También obtuvimos registros de la Guardia Nacional de Arkansas en octubre que revelan que su despliegue costó a los contribuyentes un estimado de $503,159 entre marzo y octubre de 2021. Otros registros que obtuvimos muestran que el despliegue de la Patrulla Estatal de Carreteras de Ohio en la frontera costó $231,734.

RETÓRICA DE “INVASIÓN” MIGRATORIA

En su declaración de desastre de 2021, la oficina de Abbott escribió que los migrantes que cruzan la frontera constituían una “violación de la soberanía y la integridad territorial en ciertos condados de Texas”. Esa retórica hace eco de una teoría jurídicamente dudosa que activistas y funcionarios antiinmigrantes han tratado de utilizar como justificación para el uso de la fuerza militar en la frontera: que la inmigración no autorizada constituye una “invasión”. La idea se basa en una interpretación cuestionable de la Constitución, que dice que los estados individuales no pueden ir a la guerra por sí solos “a menos que realmente sean invadidos”.

Ken Cuccinelli, el ex alto funcionario que desempeña las funciones de subsecretario de seguridad nacional, ha argumentado que la inmigración no autorizada constituye una invasión extranjera desde 2007 por los menos.  Junto con Russ Vought, el ex director de la Oficina de Administración y Presupuesto durante la administración Trump, y el grupo de expertos de derecha de Vought, el Center for Renewing America (CFRA), ambos han intentado persuadir a los gobernadores de Arizona y Texas para que adopten la teoría durante los últimos dos años.

En febrero, American Oversight obtuvo un correo electrónico que indicaba que el 11 de noviembre de 2021, Vought le había enviado un mensaje electrónico a la oficina del Gobernador Ducey con un resumen de una política escrita por Cuccinelli que promueve la teoría de la “invasión”. “Ken y yo estaríamos muy dispuestos a hablar con su equipo o viajar a Arizona para hablar con el gobernador,” escribió Vought. 

En el correo electrónico, Vought sugirió que Ducey autorice la fuerza militar en la frontera. Los estados deberían “citar la guerra de poderes estatales y activar y desplegar todas las unidades a la frontera sur, para detener y devolver a los inmigrantes ilegales al otro lado de la frontera, hacer volver a los inmigrantes ilegales a México en la frontera y defenderse contra los operativos de los Carteles,” escribió Vought. Ducey no ha aceptado públicamente la lógica de la guerra de poderes por emplear la fuerza militar a pesar del apoyo a la idea de parte del Fiscal General de Arizona, Mark Brnovich.

En una conferencia de prensa de julio de 2022 a la que también asistió Cuccinelli, seis condados de Texas declararon que estaban bajo “invasión” y pidieron a Abbott que utilizara recursos estatales para deportar a los migrantes. Abbott había expresado anteriormente su preocupación por las consecuencias legales de persecución federal en respuesta a dichas acciones, pero su oficina dijo que “todas las estrategias permanecen sobre la mesa”.

American Oversight también obtuvo comunicaciones entre CFRA y el Representante de Arizona Jake Hoffman y ha solicitado varios documentos acerca de la propuesta de guerra de poderes de las oficinas del gobernador y del fiscal general. También hemos solicitado todas las comunicaciones entre CFRA y la oficina de Abbott.