En un fallo emitido el viernes 15 de julio, un juez del Tribunal Supremo del condado de Maricopa ordenó al Senado de Arizona y al contratista Cyber Ninjas que entregaran inmediatamente a American Oversight los documentos relacionados con la “auditoría” partidista del Senado de las boletas electorales presidenciales de 2020 emitidas en el Condado de Maricopa.

Esta es la primera vez que un juez ordena directamente a Cyber Ninjas, el contratista principal responsable de la revisión electoral, que publique documentos en respuesta a la demanda de registros públicos de American Oversight. 

“En el tribunal se ha confirmado que los funcionarios públicos no pueden evitar la rendición de cuentas subcontratando actividades cuestionables a contratistas privados”, dijo Heather Sawyer, Directora Ejecutiva de American Oversight. “A pesar del esfuerzo de un año por parte del Senado de Arizona y los Cyber Ninjas para proteger su ‘auditoría’ electoral partidista del escrutinio, el público pronto tendrá transparencia y rendición de cuentas por este peligroso esfuerzo de socavar la confianza en los resultados electorales de Arizona”.

En órdenes judiciales anteriores se ha impuesto solo al Senado la responsabilidad de entregar los documentos, instruyendo al Senado que obtuviera copias de cualquier registro en manos de los Cyber Ninjas. El Senado ha argumentado repetidamente en el tribunal que no ha podido obligar a los Cyber Ninjas a cumplir con las solicitudes de documentos, aunque ya han comenzado a entregar lotes de registros en los últimos meses. 

En el fallo del juez Bradley Astrowsky se ordena al Senado y a los Cyber Ninjas que cumplan con la ley de registros públicos de Arizona “dando inmediatamente [a American Oversight] acceso a (originales o copias de) todos y cada uno de los documentos con un nexo sustancial a las actividades de auditoría, incluyendo todos los registros públicos” identificados en la segunda demanda enmendada de American Oversight, presentada en diciembre del año pasado. Sin embargo, la orden excluye específicamente los aproximadamente 1,000 documentos que el Senado ha afirmado que deben ser retenidos del público bajo una reivindicación de privilegio legislativo. El estado de esos documentos está actualmente pendiente ante la Suprema Corte de Arizona. 

Esta última decisión llegó casi un año después de que un juez de Arizona determinara por primera vez que los documentos en poder del contratista del Senado, Cyber Ninjas, calificaban como registros públicos y estaban sujetos a publicación bajo la ley de Arizona. 

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