En marzo 2020, cuando la pandemia del coronavirus aceleraba su nefasto paso, la administración de Trump invocó el Título 42, que en ese entonces era una disposición poco conocida de la Ley del Servicio de Salud Pública que permite que el gobierno federal prohíba el ingreso a los Estados Unidos de personas y bienes por el bienestar de la salud pública.

Desde su implementación, los expertos en salud pública han criticado esta política por considerarla una velada medida anti inmigratoria y argumentan que realmente no ayuda a mitigar la propagación de Covid-19. Además, los estudiosos de las leyes sostienen que el Título 42 infringe el derecho internacional y socava el régimen de protección a refugiados de EE.UU. Luego de enfrentar una intensa respuesta negativa por continuar con esa política, la administración de Biden intentó revocarla –– ese esfuerzo fue bloqueado en mayo por un juez federal.

American Oversight ha iniciado varias investigaciones sobre el desarrollo e implementación del Título 42 y presentó una demanda judicial de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener ciertas comunicaciones y análisis acerca de la póliza. A través de las peticiones de FOIA, nuestras investigaciones ya han revelado el papel que jugó el ex consejero de la Casa Blanca Stephen Miller en la coordinación de los esfuerzos para dar la orden. También hemos obtenido una base de datos de quejas y alegatos que ilustran los devastadores impactos desproporcionados que la política ha tenido en los inmigrantes, particularmente en aquellos de cierta identidades sexuales o raciales.

Investigación de American Oversight

En mayo de 2020, les pedimos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades que divulgaran las comunicaciones entre los altos funcionarios y Miller, el arquitecto de algunas de las políticas anti-inmigrantes más duras de la administración. Desde mucho antes de la pandemia, Miller había estado presionando para que se invocara el Título 42 para parar la inmigración.  Durante los primeros meses de la pandemia, él encabezó el esfuerzo de expulsar a los que buscaban asilo en la frontera con el pretexto de mitigar la propagación de Covid-19 tal como lo revelan los correos electrónicos obtenidos por American Oversight a comienzos de año. Los registros –– que fueron la primera evidencia documentada del papel de Miller en el desarrollo del Título 42 y que desde ese entonces ha sido citado por reporteros como parte de su cobertura sobre los orígenes de la política –– demuestran que en los días previos al anuncio de CDC sobre el anuncio del título 42, Miller organizó reuniones acerca de esa política con un pequeño grupo de funcionarios de varias agencias.

Como respuesta a nuestra petición a la Oficina para Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (CRCL, por sus siglas en inglés) de las quejas recibidas en la oficina referente al Título 42, adquirimos una base de datos que resumía las acusaciones de violaciones a los derechos civiles y el abuso cometido contra migrantes expulsados a México bajo esta política. Las acusaciones que se detallan sugieren que las expulsiones bajo el Título 42 son particularmente peligrosas para los niños migrantes sin acompañantes, migrantes negros y aquéllos racializados como migrantes “negros” con condiciones de salud crónica y aquéllos que se identifican como LGBTQ+. 

Un número de quejas demuestra que los migrantes negros expulsados bajo el Título 42 son vulnerables a los ataques racistas en México por su visibilidad como minoría racial y su presunta inhabilidad de hablar español. Los migrantes LGBTQ+ a menudo enfrentan violencia verbal o física por su identidad de género u orientación sexual; ya sea imputada o real. Les migrantes lesbianes, por ejemplo, han sido objeto de violación “correctiva y otras formas de violencia sexual. Los oficiales de la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) a veces interrogan a los niños sin acompañantes –– que se suponen exentos del Título 42 y en su lugar deben ser procesados bajo el Título 8 ––acerca de su edad “real”, los acusan de ser miembros de pandillas o incluso sumariamente los expulsan, incorrectamente afirmando que no hay excepciones (humanitarias) en absoluto bajo el Título 42.

Las acusaciones detalladas en la base de datos indican que CBP potencialmente no hacía caso a las recomendaciones hechas por CRCL en un memorándum, que obtuvo American Oversight como respuesta a la petición interpuesta a la oficina de evaluaciones con relación a la preocupación sobre la seguridad de migrantes en referencia al Título 42. En el memorándum, CRCL recomendaba que los oficiales de CBP documentaran las instancias en las cuales una persona expresaba una denuncia de temor creíble que podría calificar para una excepción en el Título 42 y que esta documentación debía ser transmitida al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) para que se evaluara apropiadamente. Particularmente, CRCL también recomendaba que CBP emitiera una guía formal notificando a sus agentes a que consideraran las vulnerabilidades particulares, como ciertas condiciones médicas o de salud o un riesgo aumentado de daño debido a la orientación sexual o identidad de género, cuando ejercieran su autoridad discrecional con las excepciones del Título 42.

Título 42 – Continuación

Esta primavera pasada, la administración de Biden anunció dejaría de expulsar inmigrantes bajo el Título 42 a contar de fines de mayo. En abril, Arizona y 21 otros estados interpusieron una demanda judicial en el Distrito Oeste de Louisiana donde le pedían a un juez que impidiera que la administración de Biden cancelara el Título 42 y Texas presentó una demanda judicial similar después ese mismo mes, argumentando que si se levantaba la orden causaría caos en la frontera sureña. En la causa presentada por Arizona y otros estados, el Juez Robert R. Summerhays falló que terminar el Título 42 era una violación a la ley administrativa. El Departamento de Justicia apeló la decisión en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito poco después de que se hubiera emitido.

Los expertos en inmigración frecuentemente han señalado que el Título 42 no asegura la frontera, entorpece otras prioridades de cumplimiento migratorio y ha causado un aumento en los cruces entre puertos de entrada oficiales.  A pesar de esta realidad, varios altos funcionarios de la administración y miembros del Congreso se opusieron a poner fin a esta política, apoyándose en impedimentos migratorios sin fundamentos y razones de salud pública como justificación.

La investigación de American Oversight del desarrollo y ejecución del Título 42 continúa, todavía nos faltan documentos de las administraciones de Trump y Biden sobre las evaluaciones de la salud y seguridad pública, y también comunicaciones relevantes entre altos funcionarios de la agencia y la Casa Blanca. Y todavía no hemos recibido ningún análisis por escrito ni tampoco evaluaciones de riesgo acerca de una propagación potencial de Covid-19 durante las expulsiones vinculadas al Título 42.

En respuesta, en Agosto 22, American Oversight presentó una demanda judicial contra varias agencias federales que solicitaba documentos del Título 42. Demandamos a HHS para obtener las comunicaciones con o acerca de Stephen Miller en relación a la emisión e implementación de la reglamentación del título 42 de CDC; a HHS y CDC para obtener las evaluaciones y análisis finales de los impactos de salud del Título 42 y de las expulsiones relacionadas con el Título 42, y cualquier memorándum que justificara la continuación de la política; a HHS y CDC para obtener las comunicaciones por email enviadas por dichas agencias a cualquier persona en la Casa Blanca o al Consejo de Seguridad Nacional referente al Título 42; y al Departamento de Estado para obtener memorándums o documentos similares enviados a través del canal de discrepancia de la agencia acerca de asuntos relacionados con el Título 42, y también evaluaciones de las preocupaciones de seguridad por personas expulsadas bajo el Título 42.

American Oversight continuará con su monitoreo e investigación de instancias de abusos de los derechos de inmigrantes que se hayan debido al Título 42 y otras políticas migratorias de la era de Trump.

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