ACTUALIZACIÓN: 1 de septiembre, 2022: Un juez federal concedió a American Oversight y a la Unión Americana de Libertades Civiles de Massachusetts una moción de emergencia y dictaminó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debe conservar en su condición actual los dispositivos móviles de siete exfuncionarios de la administración de Trump. Más sobre la última actualización aquí en inglés. 

El 22 de agosto, American Oversight y ACLU de Massachusetts presentó una petición de emergencia donde le solicitaba al tribunal que ordenara a ICE, preservar en su condición actual todo aparato móvil que hubiera sido asignado a los 7 funcionarios nombrados, y que continúe sus esfuerzos para tener acceso al teléfono celular del ex Consejero en Jefe Jon Feere. La petición se encuentra disponible aquí.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha dicho que instruyó al personal de la administración de Trump a que borraran sus teléfonos al momento de cesar en sus funciones –– una práctica que persistió incluso después de que la agencia recibiera las peticiones de registros públicos para tener acceso a los mensajes de texto de altos funcionarios de ICE, relacionados con una investigación federal penal que se encuentra en curso.

La agencia admitió esto en nuevos documentos presentados en la demanda judicial presentada por American Oversight y la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Massachusetts para que se divulguen los documentos relacionados con un proceso penal de una juez del tribunal estatal de Massachusetts que  presuntamente permitió que un acusado evitará ser detenido por ICE en 2018. 

En las declaraciones adicionales presentadas el jueves, ICE afirmó que instruyó a sus empleados a borrar los teléfonos asignados por la agencia al momento de cesar en sus funciones y sugirió que la agencia no tenía política de preservar datos en esos teléfonos celulares.

De acuerdo a las declaraciones, se permitió que los empleados de ICE usaran su propio juicio para decidir si las comunicaciones que habían enviado usando sus aparatos móviles necesitaban ser registradas e incluso entonces, no se les pidió a los empleados que preservaran los mensajes originales. Además, se instruyó al personal de la agencia a que borraran los datos del teléfono al momento de cesar sus funciones con la agencia.  Una “guía de referencia rápida” de noviembre de 2017 incluida en los archivos instruye a los empleados sobre cómo borrar los aparatos antes de devolverlos a la agencia. 

Los documentos también sugieren que los teléfonos de varios altos funcionarios fueron borrados después de que American Oversight y ACLU de Massachusetts ya habían pedido registros de comunicaciones acerca de la investigación y proceso penal de la juez Shelley M. Richmond Joseph.

En noviembre de 2019, American Oversight y ACLU de Massachusetts presentaron una petición de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para que se divulguen los registros, incluyendo los emails y mensajes de texto de siete altos funcionarios, con relación a la respuesta de ICE a las acusaciones de que Joseph había permitido  que un acusado evitara la detención de ICE al salir por la puerta trasera de su tribunal. Los grupos pusieron la demanda en mayo de 2021 luego que la agencia no divulgara ningún documento de respuesta.

La petición de FOIA va tras las comunicaciones de siete altos funcionarios de ICE, incluyendo tres exdirectores –– Thomas Homan, Matthew Albence y Ronald Vitiello –– junto con el exconsejero legal Tracy Short y el ex Jefe de Personal Thomas Blank, en relación al incidente.  La petición de FOIA seguida de un informe de New York Times, en el cual Homan dijo que había sido informado del incidente en la sala del tribunal de Joseph, el día que sucedió e “inmediatamente” preguntó al personal legal de ICE si él podía tomar acciones legales. 

Las declaraciones de ICE afirman que el teléfono de Homan fue desactivado en 2019 y que los teléfonos de Albence, Vitiello, Short y Blank fueron desactivados en 2020 y 2021 –– lo que sugiere que fueron borrados después de que se interpusiera la petición de FOIA. 

A raíz del litigio de American Oversight y ACLU de Massachusetts, ICE ha proporcionado algunos documentos pero no ha divulgado ningún documento relacionado con las acciones de Homan inmediatamente después de haberse enterado del incidente. Los documentos proporcionados en octubre de 2021 incluyen un intercambio de mensajes por email de los líderes de ICE desde el 25 de abril de 2019 –– el día de la imputación de Joseph cuando  Tracy Shor tpreguntó si el arresto de Joseph sería el “primero de muchos” y escribió, “Éste es un gran día.”

En unos documentos presentados anteriormente, ICE dijo que durante la administración de Trump, tenían una “práctica estándar … de restablecer a su estado original de fábrica, borrar de forma segura/destruir y eliminar todo el contenido de los teléfonos móviles a medida que se iban retirando de servicio.” Los nuevos documentos vienen como respuesta a una orden judicial emitida por el Tribunal de Distrito de Massachusetts que requiere que ICE entregue más información acerca de su aparente “práctica” de instruir a sus empleados, incluyendo a altos funcionarios, de destruir los mensajes de texto enviados o recibidos en aparatos asignados por el gobierno. 

A principios de año, el Departamento de Defensa y el Ejército admitieron en documentos presentados al tribunal que los teléfonos de ciertos altos funcionarios de la administración de Trump habían sido borrados, y que cualquier mensaje de texto del ataque del 6 de enero de 2021 no había sido preservado. Este mes, luego de que American Oversight pidiera al Fiscal General Merrick Garland que iniciara una investigación sobre la falta del Departamento de Defensa de preservar las comunicaciones, el departamento anunció una nueva política referente a la preservación de mensajes de texto y otra información guardada en aparatos móviles. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también anunció recientemente un cambio similar en la política luego de revelaciones que los mensajes de texto del Servicio Secreto del 6 de enero se habían perdido y que los teléfonos de altos funcionarios de DHS también habían sido borrados.

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